De las 10.868 consultas que el Ministerio recibió en 2011, 2.717 fueron hechas por empleadores y 8.151 por empleados. La gran mayoría fueron por temas laborales en general y 988 fueron por diversas formas de acoso y discriminación, según dijo a 180 el inspector de trabajo, Juan Andrés Roballo.
La Oficina de Consultas y Denuncias del Ministerio es la que recibe este tipo de casos, aunque los que son específicamente de acoso y discriminación se atienden directamente desde la Dirección, explicó.
Divididos por temas, en 2011 se hicieron 150 expedientes por acoso moral laboral, entre los que se incluye el acoso de género y el racial), 47 por acoso sexual y 53 por represión sindical. Además, hubo 13 otras denuncias que no entran específicamente en estas categorías.
Roballo explicó que generalmente este tipo de acosos no son uniformes: por ejemplo, muchos casos de acoso sexual en el que el acosador es rechazado, se convierten en otros tipos de acoso o maltrato.
Las formas de abordar estos temas son diversas y depende del caso. Por ejemplo, ha habido denuncias de mujeres acosadas en un lugar de trabajo en el que el jefe trabaja también con su esposa y sus hijos, por lo que es inútil mandar al personal de la inspección a hacer preguntas a estos empleados.
Se toman como pruebas los mensajes de texto, correos electrónicos, cartitas y cualquier otro tipo de documentación, sobre las que se pueda probar la autoría del presunto acosador. Además, Roballo dijo que la mayoría de las veces el acosador tiene estas actitudes cuando nadie lo ve, por lo que puede ser difícil probar el caso.
Generalmente es positivo que el grupo de trabajadores, sindicato u otro tipo de unión, apoyen a la persona que debe hacer una denuncia de este tipo, porque el acoso suele ir de la mano con una gran vulnerabilidad de parte del acosado.
En cuanto a la persecución sindical, en 2011 hubo un caso en el que la empresa estuvo obligada a pagar dos mil Unidades Reajustables por represión sindical, aunque el acto administrativo no está firme.
Las multas que pueden llegar a pagar las empresas van desde una jornada laboral, a 150 jornadas. De cualquier manera, desde que se toma la denuncia y se inician las investigaciones, las empresas están obligadas a tomar medidas preventivas, separar a las personas en caso de acoso y luego incluir talleres de sensibilización en estos temas, para todo el personal.
